A veces sucede que determinados comportamientos que se producen en el seno de las organizaciones y que constituyen irregularidades (vulneraciones de la legislación, incumplimientos de códigos de conducta o acciones u omisiones que ocasionan daño, entre otros) permanecen ocultos y no llegan a conocerse internamente.
En muchas ocasiones, la falta de confianza o el miedo a las represalias impide que los empleados de una organización u otras personas conocedoras de esas irregularidades, las pongan de manifiesto.
En este contexto, y como entidad de referencia en buen gobierno y transparencia en nuestro país, la Asociación Española de Normalización, UNE, ha publicado la Norma UNE-ISO 37002 Sistemas de gestión de la denuncia de irregularidades. Directrices.
Este estándar mundial ofrece directrices sobre cómo establecer, mantener y mejorar un sistema de gestión de la denuncia de irregularidades en las organizaciones basado en los principios de confianza, imparcialidad y protección y referido a todas las fases necesarias para la gestión de las mismas: la recepción, la evaluación, el tratamiento y la conclusión.
Constituye una herramienta fundamental para aquellas organizaciones que, queriendo generar una cultura de cumplimiento, desean obtener información sobre esas irregularidades.
Además, puede ser de especial interés para aquellas organizaciones que tengan implantado un sistema de gestión de compliance o para las que, en un futuro, tengan que cumplir con la legislación que a nivel nacional trasponga la Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
El sistema de gestión que establece la norma es aplicable a todo tipo de organizaciones, independientemente del tipo, tamaño, naturaleza de su actividad y del sector al que pertenezcan (público, privado, sin ánimo de lucro).
Al establecer únicamente directrices (recomendaciones) y no requisitos, la UNE-ISO 37002 no será una norma certificable.
La Norma UNE-ISO adopta la norma ISO 37002 en español, en cuya traducción del inglés han participado 12 países de habla hispana, buscando asegurar una terminología común en la gestión de la denuncia de irregularidades para los países hispanohablantes.
