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Más de 900 normas UNE impulsan la calidad y seguridad de la Sanidad

02/03/2020

  • La Asociación Española de Normalización, UNE, publica un informe en el que analiza cómo las normas ayudan a mejorar la calidad y seguridad de los productos y servicios sanitarios. Además, son aliadas de las Administraciones en la reglamentación y en la contratación pública. 

2 de marzo de 2020. La Asociación Española de Normalización, UNE ha publicado el Informe Apoyo de la Normalización a los productos y servicios sanitarios, en el que anuncia la existencia de más de 900 normas UNE específicas que ayudan a mejorar la calidad y seguridad de los productos y servicios sanitarios. Además, son aliadas de las Administraciones públicas, tanto en el desarrollo de la reglamentación como en la contratación pública.

Estas normas cubren la práctica totalidad de productos y servicios sanitarios: desde los implantes quirúrgicos, hasta los materiales de anestesia y reanimación respiratoria, pasando por los productos de óptica, equipos electromédicos, Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la salud, productos de apoyo para personas con discapacidad o centros de asistencia sanitaria, entre otros.

Estos estándares se elaboran en los Comités Técnicos de Normalización (CTN) de UNE, y son fruto del consenso de todas las partes implicadas.

Sus ventajas son numerosas. Para los pacientes, usuarios y profesionales sanitarios, las normas buscan armonizar la asistencia sanitaria con el fin de reducir costes, mejorar procesos, aumentar la eficiencia de la asistencia, facilitar el trabajo de los equipos interdisciplinares, proporcionar seguridad a los profesionales y a los usuarios, reduciendo riesgos.

Para la industria, las normas son herramientas indispensables para que el tejido productivo pueda proporcionar productos útiles, interoperables y seguros.

Por su parte, la Administración pública utiliza las normas como una herramienta para evaluar los productos y servicios que adquieren, así como en su labor reguladora, ya que muchas de ellas dan presunción de conformidad con respecto a las Directivas y Reglamentos europeos, y les ayudan en la contratación pública. Así, las Comunidades Autónomas, en sus pliegos citan en muchas ocasiones normas que les proporcionan seguridad con respecto a los productos que adquieren y les garantiza que no existen barreras al comercio.