La Asociación Española de Normalización, UNE, ha colaborado en el webinar sobre el Observatorio de Vigilancia de Mercado (OVM) que han organizado Eurolab-España y la Asociación de Entidades de Ensayo, Calibración y Análisis (FELAB).
En este encuentro se ha hablado del Observatorio de Vigilancia de Mercado de UNE como ejemplo de modelo de éxito de colaboración público-privada. Se ha explicado cómo desarrolla su actividad y el papel que desempeñan las Administraciones públicas y las organizaciones empresariales españolas que lo componen.
El evento estuvo moderado por la presidenta de Eurolab-España, Mª Teresa Sanfeliu Ribot, y participó como ponente Isabel Linares, responsable de negocio Industria y Equipamiento de UNE.
El OVM está compuesto por más de 40 organizaciones empresariales españolas, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Ministerio de Consumo y diferentes Autoridades con competencia en vigilancia de mercado. Su objetivo es fortalecer la colaboración público-privada en este ámbito e impulsar el cumplimiento de las normas técnicas y la legislación.
El Informe Anual 2022 de vigilancia de mercado recoge los datos relativos a las actuaciones llevadas a cabo durante 2021. Las autoridades competentes en materia de vigilancia de mercado realizaron 86.117 actuaciones inspectoras, detectando irregularidades sólo en el 14,5% de los casos. Los principales motivos fueron irregularidades con la normalización y las condiciones de venta (56%), seguido por otras infracciones (23%), adulteración y fraude en la calidad (8,2%), precios (7,9%) y transacciones comerciales (5,2%).
Además, el documento destaca la inseguridad de algunos productos adquiridos fuera de la UE a través de los mercados online ofrecidos por plataformas de venta o redes sociales y que reciben directamente los consumidores. Estas no son consideradas como operadores económicos; por ello, no se les atribuye ninguna responsabilidad en la seguridad y salud de los destinatarios finales de los productos.
Los productos no conformes y no seguros suponen un riesgo para los ciudadanos y pueden distorsionar la competencia con los operadores económicos que venden productos conformes en la UE.
